Creo que ya todos y todas conocéis mi postura con respecto a esa explotación reproductiva y compraventa de criatura que quieren suavizar con el término «gestación subrogada» o, más «modernamente», «gestación por sustitución». Hay un nuevo empuje para aprobar la filiación de las criaturas nacidas por dicho «método», para legalizar de facto la situación en los países en los que no se ha regulado, o en los que directamente está prohibido «gestar por sustitución». Yo ya he firmado el manifiesto en contra… Os dejo por si queréis informaros más, tanto el enlace, como la copia de la información:
http://abolition-ms.org/es/noticias/el-global-business-que-la-haya-se-empena-en-legalizar/
EL GLOBAL BUSINESS QUE LA HAYA SE EMPEÑA EN LEGALIZAR: EXPLOTACIÓN DE MUJERES Y COMPRAVENTA DE PERSONAS RECIÉN NACIDAS
Berta O. García @Omnia_Somnia
Copresidenta de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva (CIAMS)
La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional privado lleva más de cinco años trabajando en legalizar de facto la mal llamada gestación subrogada.
Un grupo de expertos de La Haya lleva más de cinco años empeñado en elaborar un protocolo que resuelva la cuestión de la filiación de bebés comprados en el contexto de los contratos de gestación subrogada internacionales. Pero no satisfecho con esa misión inicial, optó deliberadamente por ampliarla, abarcando ahora todas las etapas del proceso de subrogación, incluida la elección de la madre «gestante» por los -también mal llamados- padres de intención o comitentes, los contratos, el consentimiento, los intermediarios y los aspectos financieros.
¿Qué es lo que ha llevado a La Haya a contradecir los principios rectores -el interés superior del menor a mantenerse en su familia de origen, el respeto a sus derechos fundamentales, la prevención contra la venta y el tráfico de niños- de sus propios convenios, como el Convenio de 1995 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional?
Si echamos un ojo a los 24 países representados en ese grupo de expertos, encontramos respuesta a esa pregunta: la mayoría de esos países son reguladores de los vientres de alquiler o tienen sobre la mesa propuestas de legalización de esta práctica; y no es casual que sean precisamente los representantes de esos países los más beligerantes en sacar adelante el protocolo de La Haya sobre el reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras en materia de filiación en relación a los contratos de «gestación subrogada» internacionales. Si a esto añadimos que varios de los integrantes del grupo están involucrados profesionalmente en la industria del alquiler de vientres, es fácil adivinar de qué lado se inclina la balanza o, en román paladino, de qué pie cojea dicho grupo de expertos.
Lo que nos preguntamos es qué papel juega España, representada en ese grupo por Cristina González Beilfuss, catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona y nombrada por el Ministerio de Justicia. ¿Qué directrices sigue? ¿Las de la ley vigente que declara nulo de pleno derecho el contrato de gestación por sustitución o la de la instrucción 2010, coladero en España de bebés comprados en el extranjero y privados en su país de nacimiento de los más elementales derechos humanos?
¿Qué papel juega Kirsten Di Martino, asesora senior de UNICEF en protección infantil, integrante del grupo de expertos en calidad de observadora? Si, como es de suponer, está allí para defender a capa y espada la Convención Internacional de Derechos del Niño y su protocolo facultativo sobre la venta de menores, no es entendible -si no es por intereses espurios- que ese grupo insista y persista en su propósito desde hace más de un lustro. ¿Se plegará UNICEF a esos intereses en lugar de defender el derecho de los niños y las niñas a la dignidad y a no ser objeto de encargo y contrato, sino sujeto de derechos?
Si algún día llegara a aprobarse este protocolo del grupo de expertos, significaría que la Conferencia de La Haya se ha plegado a intereses privados y comerciales de la industria, ya que, como la propia institución reconoce con desparpajo, es bien sabido que la subrogación es un negocio global: «it is now well-known that surrogacy is a global business».
Porque muy a pesar de que los contratos de gestación por sustitución son ilegales en la mayoría países del mundo, lo que está claro es que el famoso protocolo que se trae entre manos este grupo lo que busca es allanar el terrero de la filiación a cualquiera que soslaye la ley de su país y acuda a comprarse un bebé a otro país donde la explotación reproductiva de las mujeres se ha legalizado y la venta de menores ha dejado de ser delito para convertirse en un negocio muy lucrativo.
Ante esta situación, la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva ha hecho una campaña de información y lanzado un llamamiento a poner fin al trabajo de ese grupo de expertos que ha sido ya firmado por miles de personas y organizaciones feministas y de derechos humanos de 55 países. Dicho llamamiento aún se puede firmar en este enlace.[1]
La única alternativa a la explotación reproductiva de las mujeres -siempre económicamente vulnerables- y la compraventa de personas recién nacidas no pasa por su regulación, sino por la abolición global de esta práctica contraria a los más elementales derechos humanos. A tal fin, nuestra Coalición ha redactado ya un proyecto de Convención internacional abolicionista [2] al que deberían sumarse todos los Estados para que esta práctica inhumana y cruel quede ahogada en la historia como un mal recuerdo del pasado, como ocurrió en su día la esclavitud.